La Justicia en Debate: Un análisis crítico sobre el pasado reciente y el Estado de Derecho en Uruguay

El estudio de nuestra historia reciente y la forma en que evoluciona el sistema de justicia penal es una tarea fundamental para quienes trabajamos en el ámbito del Derecho y para la sociedad en general. Hoy en día nos encontramos en un escenario complejo donde se mezclan las decisiones judiciales de nuestro país, los tratados internacionales que Uruguay ha firmado y las distintas visiones políticas e ideológicas. En este contexto, revisar con lupa las garantías que nos da la Constitución es indispensable para mantener sanas nuestras instituciones democráticas.

Este artículo repasa detalladamente lo acontecido en la mesa redonda titulada «La Justicia en Debate«. Este encuentro fue una instancia académica y política de gran relevancia en la que participaron figuras públicas muy destacadas de nuestro país, provenientes del derecho, el periodismo de investigación y el ámbito legislativo: el Dr. Emilio Mikolic, el periodista Álvaro Alfonso, la dirigente política Valeria Ripoll, la senadora Graciela Bianchi y el dos veces expresidente de la República, Dr. Julio María Sanguinetti.

A través de esta crónica completa, los invitamos a reflexionar sobre temas clave como el principio de irretroactividad de la ley penal (es decir, que no se puede aplicar una ley nueva hacia el pasado si perjudica al acusado), la validez de la prescripción de los delitos, la creación de fiscalías especializadas y la pérdida de confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial.

1. Presentación e intervención inicial del Dr. Emilio Mikolic

El Dr. Emilio Mikolic es Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, y es ampliamente reconocido por coordinar el equipo jurídico del Centro Militar del Uruguay. Actualmente, lidera la defensa de aproximadamente ochenta militares acusados de cometer violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar en el período comprendido entre 1973 y 1985.

En el año 2024, su equipo legal impulsó varios recursos de inconstitucionalidad basándose en el artículo 239 de la Constitución Nacional. El argumento central de estos recursos sostiene que las causas catalogadas como «derecho de gentes» (derecho internacional) deben ser evaluadas y juzgadas directamente por la Suprema Corte de Justicia, y no por las fiscalías o la justicia penal ordinaria. Esta estrategia jurídica logró detener de forma temporal decenas de juicios en todo el territorio nacional.

Recientemente, en mayo de 2026, el Dr. Mikolic participó en una mesa redonda en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, titulada «El caso de Uruguay: interferencia de la Unión Europea en procesos democráticos extranjeros». En esa oportunidad, se argumentó que los juicios que se llevan a cabo en Uruguay carecen de pruebas contundentes y violan el principio de irretroactividad penal.

En su exposición, el Dr. Mikolic compartió las conclusiones de este viaje y las dudas que existen a nivel internacional sobre la situación uruguaya:

«En la exposición en el Parlamento Europeo conocí la interrogante y la duda que se presenta en todos lados —no solo acá, sino también a nivel internacional— acerca de cómo estos casos se siguen juzgando pese a existir una ley de caducidad que teóricamente los habría extinguido, y también cómo a cincuenta años no operó la prescripción. En definitiva, cómo se valora en estos casos la prueba y cómo se maneja el principio o estado de inocencia.»

El profesional afirmó de manera categórica que en nuestro país no se ha respetado el instituto de la caducidad. Explicó que, aunque el tiempo para juzgar ya venció (operó la prescripción), la justicia actual utiliza una especie de «híbrido» que mezcla las leyes internas uruguayas con normativas internacionales de prescripción. Según sus palabras, esto no corresponde y es un hecho único que rompe la coherencia del propio sistema jurídico.

Finalmente, destacó que estos encuentros son solo el comienzo de una serie de exposiciones que deben realizar los defensores y las organizaciones que se ocupan del tema para poner, verdaderamente, a la justicia en debate.

2. Exposición del Periodista Álvaro Alfonso

El periodista de investigación y escritor Álvaro Alfonso centró su discurso en dos grandes ejes: el manejo de los archivos de la dictadura y las indemnizaciones económicas que paga el Estado.

El rol de la Fiscalía de Lesa Humanidad y la valoración de las pruebas

Alfonso criticó duramente las decisiones políticas que llevaron a la estructura judicial actual:

«El sistema político cometió un error al crear la Fiscalía de Lesa Humanidad, porque hoy se metió en un lío del que no puede salir, y los derechos humanos están flechados directamente hacia otro lugar.»

Explicó que los legisladores que negociaron la creación de esta oficina ya no están en el Parlamento. Recordó que, en su momento, el Frente Amplio impulsó la idea de que era mejor concentrar todas las causas en una sola fiscalía especializada en lugar de tener los casos repartidos en diferentes juzgados.

El periodista cuestionó fuertemente el criterio con el que se dictan los procesamientos, señalando que cualquier abogado sabe que si un fiscal se presenta a un examen y reconoce que no tiene pruebas materiales, pero procesa a alguien basándose únicamente en su «convicción», reprobaría el examen. Afirmó que eso es lo que ocurre actualmente y que «parece que en muchos lados están leyendo poco».

El respeto a los pronunciamientos populares

Para respaldar su postura de que el tema debió quedar cerrado, Alfonso recordó que revisó la biblioteca del Palacio Legislativo y analizó los documentos de la primera consulta popular sobre la Ley de Caducidad (1989). Afirmó que en aquel momento, bajo la premisa histórica de «sin vencidos ni vencedores», todos los sectores políticos estaban de acuerdo en aceptar el resultado de las urnas.

Citó, como ejemplo, una entrevista publicada en el Semanario Búsqueda al dirigente tupamaro Luis Rosadilla, realizada cuatro días después de un plebiscito:

«Para el país es un capítulo cerrado. Planteamos un método para impugnar la ley de caducidad y hubo un pronunciamiento popular. ¿Qué otro tipo de discusión puede haber conociendo las reglas de juego? Las aceptamos, anunciamos antes que íbamos a acatar el resultado y hemos cumplido. Somos tipos de palabra.»

Alfonso argumentó que hoy en día es difícil explicarle al mundo por qué se continúa con estos juicios. Atribuyó la vigencia de estos temas a una estrategia de partidos minoritarios pero con gran capacidad de influencia, nombrando explícitamente al Partido Comunista del Uruguay (a quien describió históricamente como muy ligado a la ex Unión Soviética) y al PVP (Partido por la Victoria del Pueblo), que representa entre el 2% y el 5% del electorado. Según el periodista, estos sectores lograron tocar la sensibilidad de una parte de la sociedad y construyeron un relato que no se ajusta a la realidad histórica, aunque asumió que el resto de la sociedad y el sistema político también tienen la culpa por permitir que esto ocurriera desde 1985.

La polémica por los archivos de la dictadura

Alfonso desmitificó el reclamo continuo por la aparición de documentos históricos y apuntó directamente contra los referentes de las organizaciones sociales:

«Hay algo que no se soporta: que el referente de los familiares de los desaparecidos, el señor Errandonea, reclame los archivos de la dictadura. Señor Errandonea, los tienen ustedes.»

El periodista aseguró tener en su poder las constancias del denominado «Archivo Castiglioni», afirmando que entre los años 2017 y 2018 se le hicieron tres entregas a la organización de familiares, sumando más de doscientas carpetas con datos vinculados a personas desaparecidas. Criticó también que la jueza de los Santos le negara al Parlamento el acceso a dicha documentación mientras la información se transmitía a los familiares a través de la Red Udelar, previa consulta con el fiscal Ricardo Percivale.

Asimismo, detalló otro documento con fecha del 28 de junio de 2007, en el cual Augusto Gregory (asistente de la entonces ministra de Defensa Azucena Berruti) retiró del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa Nacional el siguiente material:

• Actas de la Junta de Comandantes en Jefe (12 carpetas con asuntos varios).

• Ficheros de la COMACO.

• Un sobre con casetes de grabaciones.

• 5 bolsas negras con antecedentes de la Junta de Comandantes en Jefe.

• 24 carpetas con antecedentes de la Cruz Roja Nacional.

• 12 libretones de los archivos del Partido Comunista (entregados originalmente por el secretario del dirigente Rodney Arismendi).

Alfonso subrayó que el fiscal de lesa humanidad, Ricardo Percivale, tiene pleno conocimiento de la existencia de este material retirado y nunca ha emitido declaraciones al respecto.

Las reparaciones económicas y las leyes indemnizatorias

El periodista ofreció cifras detalladas y oficiales sobre el dinero que el Estado uruguayo destina al pago de pensiones y jubilaciones reparatorias vinculadas a la dictadura:

• Ley Nº 18.033: En los últimos veinte años se presentaron 11.169 solicitudes. La comisión especial dictó 7.111 resoluciones amparando el beneficio, denegó 3.236 y archivó 788 expedientes. Actualmente, 2.906 personas cobran activamente por los artículos 8 y 11 de esta ley (Jubilación y Pensión Especial Reparatoria). Hasta la fecha, el Estado ha pagado un total de 945.847.805 dólares. A esto se suma el gasto del acceso gratuito a la salud para los afectados, decretado por Tabaré Vázquez siete días antes de dejar el mando y mantenido por la administración de Lacalle Pou.

• Ley Nº 18.310 (Beneficios a trabajadores de frigoríficos): Alfonso señaló que la mayoría de los beneficiarios eran militantes del Partido Comunista. Actualmente quedan 698 beneficiarios vigentes (el número ha bajado por razones naturales de edad, habiendo tenido su pico en 2018). Esta ley le ha costado al país 167 millones de dólares.

• Ley de Funcionarios Públicos (Primer gobierno de Julio María Sanguinetti): Se presentaron 30.000 personas, de las cuales fueron atendidas 18.000, alcanzando un pago de 120 millones de dólares (que calculados a valor presente representarían una cifra mucho mayor).

Alfonso concluyó que, al ritmo que lleva el gasto, cuando termine la presente administración de gobierno, el Uruguay habrá pagado cerca de 2.000 millones de dólares en reparaciones por los hechos de la dictadura. Cuestionó, además, el artículo 2 de la Ley Nº 18.596, afirmando que amplió el período de reconocimiento estatal desde el 13 de junio de 1968 (época de las Medidas Prontas de Seguridad) hasta el 26 de junio de 1973 con el único fin económico de que personas que no clasificaban para la Ley Nº 18.033 pudieran empezar a cobrar indemnizaciones.

3. Intervención de Valeria Ripoll

La dirigente política Valeria Ripoll comenzó su ponencia explicando que su visión proviene de un lugar diferente: las causas sociales y la militancia sindical, ámbitos donde estos temas despiertan una enorme sensibilidad. Compartió que en su pasado formó parte del Partido Comunista, lo que le permitió conocer la interna de este discurso, pero que luego vivió una profunda etapa de decepción.

El relato político y su impacto en la educación de los jóvenes

Ripoll criticó que las organizaciones políticas de izquierda se hayan adueñado de causas nobles y las utilicen como un discurso de «sociedad perfecta» que se cae cuando se profundiza en la realidad. Expresó su honda preocupación por cómo se enseña la historia reciente en los centros educativos:

«Uno intenta a veces tener un intercambio con jóvenes o con chicos que están dando la etapa histórica en el Uruguay de la dictadura, y están convencidos de que los tupamaros fueron héroes. Hay lecciones desde los docentes de que en realidad los tupamaros lucharon contra la dictadura y que poco más deberíamos hacerle monumentos. Ese discurso realmente es creído por nuestra juventud.»

La panelista enfatizó que la búsqueda de los desaparecidos es una causa noble que ella defenderá siempre para poder cerrar las heridas del país, pero advirtió que esa meta original quedó en segundo plano. Afirmó que el PIT-CNT, la militancia social y el sistema educativo han unificado un relato distorsionado: «Nosotros sabemos que los tupamaros no fueron héroes, los tupamaros no eran demócratas, mataban gente por matar, no importaba quiénes eran, y estaban en contra de la democracia».

«La causa se transformó en un negocio»

Ripoll fue muy clara al explicar por qué, según su visión, se unificó la historia de los tupamaros con la de los desaparecidos:

«Tomaron a los tupamaros y tomaron a los desaparecidos dentro de la misma causa poniéndolos a todos dentro de la misma bolsa, porque hoy se transformó en un negocio. Cuanto más se pueda ampliar este negocio, esas arcas cada día se llenan más.»

Señaló que mientras el país carece de recursos para necesidades básicas, hay familias que cobran mensualmente del Estado sin que se les exijan requisitos rigurosos. Sostuvo que la estrategia es agrandar el número de afectados para mantener vivo el beneficio económico.

Por último, hizo un llamado a los legisladores y gobernantes para dar una batalla cultural y recuperar la educación de los niños, evitando que crezcan odiando a las nuevas generaciones de militares que nada tuvieron que ver con la dictadura. Recordó la reciente e incómoda situación del Comandante en Jefe del Ejército y criticó que el sistema político use a las fuerzas armadas para resolver problemas de emergencia nacional cuando el Estado es inoperante, pero mantenga un discurso de rencor hacia ellos.

Concluyó citando declaraciones de Lucía Topolansky, afirmando que a ciertos sectores los mueve el odio y son capaces de mentir para meter gente presa. Pidió defender la libertad de los inocentes procesados por ideología y sin pruebas, aclarando que exigir garantías de justicia no significa estar en contra de la causa de los desaparecidos, motivo por el cual afirmó que seguirá marchando cada 20 de mayo.

4. Intervención de la Senadora Graciela Bianchi

La senadora Graciela Bianchi centró su discurso en la autocrítica del actual gobierno de coalición y en la necesidad de establecer estrategias claras para recuperar el Estado de Derecho.

Los pactos de silencio y la autocrítica del gobierno

Bianchi señaló que para entender el presente hay que escuchar a los verdaderos protagonistas de la salida democrática y aceptar que fue necesario realizar acuerdos:

«Se hicieron pactos, y hubo muchos pactos de silencio, y se siguieron haciendo pactos de silencio. ¿Nos gusta? No, pero tenemos que tratar de poner sobre la mesa qué estrategias tenemos que seguir.»

La legisladora reconoció la contradicción de ser gobierno y no haber derogado la legislación actual: «Ustedes me dirán: ‘ustedes son gobierno y no lo hicieron’. Yo también lo digo». Sin embargo, justificó la dificultad de gobernar en coalición y recordó que esta administración no ha tenido un período normal de gestión, lo que obliga a buscar consensos constantemente.

La violación al cuerpo electoral

Para la senadora, la mayor falta jurídica cometida en los últimos años fue el desconocimiento de los plebiscitos populares:

«Haber derogado la Ley de Caducidad después de dos consultas populares fue una de las peores violaciones que se han cometido contra el Estado de derecho. Es cierto, de repente estuvimos más en silencio de lo que debiéramos haber estado.»

Explicó que revertir esta situación es sumamente difícil debido a que el Frente Amplio funciona como un aparato de poder muy grande, con importantes recursos económicos consolidados tras quince años de bonanza económica, y que se apoderó del sistema educativo desde los años 1985 o 1986.

Una cruzada sin odios y el llamado a la verdad

Bianchi propuso iniciar un camino de paz y reconciliación, explicando de forma sencilla a la ciudadanía que no puede haber personas presas injustamente. Respecto a la actuación militar en el pasado, puntualizó:

«Que los militares se equivocaron, sí, aceptemos que se equivocaron porque yo los respeto y los respetaré siempre, pero se equivocaron. No todos los militares, claro. Hubo quienes se beneficiaron también de la responsabilidad que se les dio cuando el Parlamento les encargó combatir a la guerrilla con la Constitución en la mano, y algunos no la supieron respetar.»

Afirmó que la credibilidad se gana diciendo la verdad completa y que ya no es tiempo de seguir cobrando culpas pasadas. Exigió que los verdaderos historiadores y periodistas de investigación estudien el pasado reciente con rigor y no con fines políticos, y que se le explique a la población de forma «fácil, corta y honesta» que la justicia no puede condenar a una persona basándose únicamente en indicios.

Al finalizar, compartió una veta más personal e inmediata de la problemática, revelando que mantiene comunicación directa a través de su teléfono celular con personas privadas de libertad en la cárcel de Domingo Arena: «Me llaman compañeros de la cárcel de Domingo Arena, tengo en mi WhatsApp dos o tres personas con las cuales tengo mucha confianza y me dicen: ‘Senadora, hoy se murió fulano de tal’, y he recibido esas llamadas muchas veces, y no las quiero recibir más. Yo las quiero revertir». Pidió concentrar los esfuerzos políticos en acciones que den resultados urgentes para estas personas de avanzada edad.

5. Intervención del ex Presidente de la República, Dr. Julio María Sanguinetti

El cierre de la mesa redonda estuvo a cargo del Dr. Julio María Sanguinetti, quien aportó una perspectiva histórica y jurídica sobre la construcción de la paz en el país.

El debate político y la caída de los dogmas

Sanguinetti comenzó recordando un encuentro público que mantuvo con el también expresidente José Mujica en el Semanario Búsqueda, donde ambos coincidieron —antes de las elecciones— en la necesidad de dictar una ley que facilitara la excarcelación de los militares presos de avanzada edad. Señaló que el verdadero problema ya no es un debate retrospectivo sobre los tupamaros, de quienes afirmó que tienen una «responsabilidad inocultable en el golpe de Estado».

Usando una metáfora política sobre los cambios ideológicos globales, expresó:

«El muro de Berlín se cayó en Berlín, pero todos los días prendemos la tele y muestran gente a la que el muro de Berlín se le cayó en la cabeza.»

Mencionó también, como ejemplo de las contradicciones de la izquierda actual, la reacción del presidente del PIT-CNT, a quien describió irónicamente como un «viudo reciente al que le faltó llorar» luego de que el actual Presidente de la República actuara correctamente en sus funciones de Estado al subir a un portaaviones norteamericano.

La soberanía nacional y el Pacto de San José de Costa Rica

Desde el punto de vista estrictamente jurídico, Sanguinetti defendió la legitimidad de la Ley de Caducidad basándose en la Constitución, la cual establece que la soberanía radica radicalmente en la nación y se expresa a través de los plebiscitos y las leyes del Parlamento.

Explicó cuál era la intención original del país al firmar los tratados internacionales de derechos humanos:

«Nosotros suscribimos en su tiempo la carta de derechos del llamado Pacto de San José de Costa Rica; jamás pensamos que esa era una jurisdicción que se superponía a la jurisdicción soberana del país, sino que entendíamos —como entendemos— que es una jurisdicción supletoria.»

Aclaró que el derecho internacional está pensado para actuar únicamente cuando las garantías internas de un país están totalmente destruidas y suspendidas.

La búsqueda de la paz por encima de todo

El expresidente recordó las enormes dificultades que enfrentó para pacificar el país a la salida de la dictadura. Explicó que la ley que otorgó la amnistía a los movimientos guerrilleros incluyó delitos graves porque fue una salida política negociada: «Había treinta crímenes de los tupamaros por los que no había preso un día nadie». Detalló que él mismo discutió en solitario para que no se viera como una amnistía general, defendiendo que muchos ciudadanos salieron presos pero no amnistiados.

Sanguinetti concluyó con una profunda reflexión sobre el valor de la estabilidad democrática:

«Ningún valor ni ningún derecho es absoluto, todo tiene la relatividad de la circunstancia; la vida sí es el derecho supremo, pero cuando hay legítima defensa exceptuamos esa posibilidad. Y cuando se sale de una situación de conflicto, el valor que está por encima de todo es la paz, porque si no hay paz van a seguir ocurriendo los mismos hechos que estamos tratando de resolver.»

Aseguró que Uruguay resolvió la transición lo mejor que pudo, a diferencia de vecinos como Argentina, Brasil o Chile. Recordó la valentía moral que se necesitó para defender el voto a favor de los militares en el referéndum de 1989 y criticó que hoy en día los tribunales cambien de criterio «como por arte de magia» ante las presiones y los temores, concluyendo que «no se debería precisar coraje para decir estas cosas».

Finalmente, instó a continuar dando la batalla cultural mediante artículos, conferencias e ilustración constante. Sostuvo que si bien la justicia debe ser acatada, también debe ser discutida doctrinariamente porque no es sagrada, y coincidió en que la percepción y confianza de los ciudadanos hacia el Poder Judicial se ha debilitado peligrosamente debido a la falta de valentía para resolver las causas con apego estricto al derecho.

Estudio Bustamante & Asociados se compromete con la difusión de contenidos que promuevan la reflexión jurídica, el análisis normativo y la defensa irrestricta de las garantías constitucionales en nuestro país.

En nuestra web puedes encontrar las conferencias:

La Justicia en Crisis: Un debate impostergable sobre el Estado de Derecho en Uruguay

La Justicia en Debate: Reflexiones sobre el Estado de Derecho y el Pasado Reciente

El Caso de Uruguay en el Parlamento Europeo: Seguridad Jurídica y Voluntad Popular