La Justicia en Crisis: Un debate impostergable sobre el Estado de Derecho en Uruguay
En un auditorio colmado y bajo la consigna «La Justicia en Debate», se reunió a un panel de expertos para analizar el debilitamiento de las garantías constitucionales y la politización del sistema judicial uruguayo.
¿Sigue vigente el principio de inocencia en Uruguay?
¿Es la Justicia verdaderamente independiente o ha cedido terreno ante presiones ideológicas?
Estas fueron las interrogantes que guiaron el primer encuentro del ciclo de conferencias organizado para reflexionar sobre la salud de nuestra República.
El panel, integrado por el Dr. Eduardo Lust, la Dra. Gabriela Fossati, el Dr. Emilio Mikolic, el exlegislador Carlos Testa y el Senador Gustavo Zubía, expuso con crudeza las falencias estructurales y procesales que amenazan la seguridad jurídica de todos los ciudadanos.
El ahogo presupuestal y la pérdida de competencia
El Dr. Eduardo Lust abrió el análisis poniendo el foco en el debilitamiento institucional del Poder Judicial.
Con cifras contundentes, denunció que la Justicia recibe apenas el 1.09% de los recursos en la Rendición de Cuentas y un 0.32% del PBI, una asfixia presupuestal que contrasta con la sobrecarga de más de 400.000 asuntos anuales.
Para Lust, el problema no es solo económico, sino de diseño institucional: el sistema político ha transferido la competencia penal – otrora exclusiva de los jueces – a la Fiscalía General de la Nación, un servicio descentralizado administrativo, dependiente del Poder Ejecutivo.
Esta reforma, consolidada en el CPP de 2017, ha transformado a los jueces en meros «homologadores» de acuerdos fiscales, debilitando la garantía del juez imparcial.
Fiscalía e Ideología: El peligro del «Derecho Penal del Enemigo»
La intervención de la Dra. Gabriela Fossati, exfiscal y exjuez fue una de las más incisivas.
Fossati alertó sobre la instalación de una lógica de «Derecho Penal del Enemigo» en las causas vinculadas al pasado reciente (1973-1985).
Según su análisis, se están vulnerando principios sagrados del derecho penal como los de legalidad y la irretroactividad de la ley penal desfavorable para perseguir a los imputados basándose en su «portación de cara» o su pertenencia institucional, más que en hechos probados.
Ilustró este desvío con el caso del Dr. Carlos Suzac, cuya extradición y prisión fueron solicitadas basándose en testimonios de oídas y reconocimientos dudosos sobre hechos ocurridos hace 50 años, cuando él era apenas un estudiante de medicina pasante.
«El derecho está llamado a controlar el poder. Si se decide sin pruebas suficientes, se quiebra el concepto de justicia», sentenció Fossati.
La orfandad probatoria y la defensa imposible
Desde la trinchera del litigio, el Dr. Emilio Mikolic expuso la indefensión real que enfrentan los imputados en estas causas.
Cuestionó la validez jurídica de tipificar delitos como «lesiones graves» medio siglo después de los hechos, sin posibilidad de constatación clínica y basándose en pericias históricas abstractas.
Mikolic advirtió que el sistema actual ha sustituido la prueba material por relatos e inferencias, construyendo una «apariencia de verdad» que satisface una demanda política pero que destruye las garantías del debido proceso.
«Formalmente tenemos garantías, plazos y traslados; pero sustancialmente no hay defensa, porque no somos escuchados», afirmó.
La duda razonable: Un principio en extinción
El cierre estuvo a cargo del Senador Gustavo Zubía, quien centró su ponencia en la desaparición del principio In dubio pro reo (ante la duda, a favor del reo).
Zubía analizó las incongruencias en el caso del General Rebollo, procesado por homicidio tras un enfrentamiento armado en 1974 donde falleció un capitán y hubo un tiroteo de diez minutos.
El Senador criticó que la Fiscalía construya acusaciones de «ejecución» ignorando las pruebas de que existió resistencia armada y basándose en «metapericias» realizadas 50 años después.
«Hoy la duda, que es el mecanismo racional para cotejar la verdad, parece haber desaparecido de nuestra justicia. Se busca condenar a toda costa», concluyó Zubía.
La voluntad popular y la verdadera pacificación
El exlegislador Carlos Testa aportó una mirada política y humanitaria, cuestionando duramente la utilidad social de mantener en prisión a personas de avanzada edad que no representan peligro alguno para la sociedad. Testa calificó la ley 18.831, que permitió la reapertura de estas causas, como una «gran estafa a la voluntad del voto nacional», recordando que la ciudadanía se expresó en dos ocasiones para mantener la vigencia de la Ley de Caducidad.
Conclusión: Un compromiso con la República
Las exposiciones dejaron en evidencia que la crisis de la justicia no es un problema de un sector, sino una amenaza para la democracia misma.
Cuando la «convicción moral» sustituye a la prueba y la ideología desplaza a la ley, nadie está a salvo.
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Es tremendo, ahora se trata de los hechos ocurridos hace 50 años, pero cuando se utilice el mismo sistema para hechos actuales? Porque todo puede suceder…
En qué manos hemos caído…