Responsabilidad del Estado por prisión indebida con fines de extradición

Una  reciente sentencia condenó al Estado uruguayo por daños y perjuicios causados  por su responsabilidad en la prolongada prisión indebida con fines de extradición que sufrió el Dr. Alejandro Melgar.

En los alegatos  señalamos que la responsabilidad el Estado por la detención ilegítima y la privación de libertad en arresto administrativo con fines de extradición del Dr. Melgar quedó probada en el expediente penal y con la documentación incorporada a la causa por la parte actora y por  los codemandados Ministerio del Interior, Fiscalía General de la Nación y Suprema Corte de Justicia.

El arresto administrativo.

El arresto nunca debió efectuarse porque el Dr. MELGAR no se encontraba requerido internacionalmente.

El oficio 2159/112 de Interpol expresa “… cúmpleme informar a usted que se ha recibido comunicación procedente de nuestra Secretaría General en la cual informan que el sujeto de autos, no se encuentra registrado en las bases de datos de la Organización.

En este sentido la policía, con la finalidad de legitimar la detención, informó “a nuestra similar en La Paz – Bolivia, poniendo en conocimiento los hechos y solicitando la Notificación Roja, recibiéndose respuesta en la cual ratifican el interés en la detención.

No obstante nuestra Secretaría General informa que no registrará dicha solicitud de detención en virtud de lo establecido en el Art. 3 de los Estatutos de la Organización, en el cual establece que INTERPOL no interviene frente a Delitos Políticos, Militares o Religiosos.

Responsabilidad del Estado por prisión indebida con fines de extradición

Detención sin orden de captura internacional.

Así entonces, el Dr. MELGAR no estaba requerido ni podía estarlo pero igual fue privado de libertad por la autoridad policial.

Según surge de fojas 129, la policía enteró al magistrado de turno “… para que librara la correspondiente orden de captura a nivel nacional, autorizando este extremo con la salvedad de ser habido fuera del turno o jurisdicción del juzgado que corresponda.

Nótese que primero se privó de libertad al Dr. MELGAR en forma ilegal y luego se solicitó la alerta roja y la orden de detención del juez nacional.

La orden de detención fue dictada por un juez incompetente.

Como si esto fuera poco, la orden de detención fue librada por un juez incompetente por razón de territorio y de turno.

La Sra. Juez Penal de 6º Turno ordenó detener a una persona que ya estaba privada de libertad en el Aeropuerto Internacional de Carrasco que se encuentra en el Departamento de Canelones.

Luego, fue enterado el Juez de Ciudad de la Costa, que dispuso “su detención” cuando ya estaba preso y su conducción a la sede judicial.

El arresto preventivo con fines de extradición.

Finalmente se dispuso su arresto preventivo con fines de extradición, quedando “a disposición del Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado que por Turno corresponda.

La inexistencia de orden de captura en Uruguay.

El oficio de fojas 133 expresa que “…efectuada una búsqueda en la base de datos nominal de INTERPOL, el sujeto de autos, no registra requisitoria a nivel nacional.

El documento de fojas 175 expresa:

17-26/04/2012 Sec. Gral de INTERPOL informa que Alejandro MELGAR PEREIRA no se encuentra registrado en la base de datos de OIPC lo cual quiere decir que no hay notificación roja o difusión válida a nombre del mencionado. (folios 32 reverso).

19-30/04/2012- Se informa al Jdo. Crimen Organizado de 2do Turno por Oficio 2159/12.sobre la comunicación recibida desde Secretaría. Gral. de INTERPOL, donde informan que no se registrará la solicitud de detención del causante en virtud de lo establecido en el Art 3o de los estatutos de la OIPC en la que se establece que INTERPOL no interviene frente a delitos políticos, militares o religiosos. (Folios 34 y 35).

Como podemos apreciar a fojas 75, el MANDAMIENTO DE APREHENSIÓN – dictado por un juez incompetente – es claro en cuanto está dirigido a “Cualquier autoridad policial no impedida por la Ley del Estado Plurinacional de Bolivia para que aprehendan conduzcan a este despacho judicial, cuarto pido de la R. Corte Superior de Justicia, al imputado que responde al nombre de ALEJANDRO MELGAR PEREIRA. …” por lo tanto no debió ser ejecutado en nuestra República.

La notificación roja o “red flag

A fojas 370 obra la declaración de un funcionario policial, actualmente en situación de retiro.

Expresó que en esa época la requisitoria internacional debía efectuarse por “a través de la notificación roja, cabe acotar que dichas notificaciones llevan un proceso por parte de la secretaría general de Interpol, en síntesis necesariamente tenía que haber un mandato jurisdiccional de captura internacional estar plenamente identificada la persona y lo que si recuerdo era el artículo 3 de Interpol, nosotros estamos vedados de intervenir en temas militares, políticos y religiosos. Bajo esta premisa, la secretaria liberaba la notificación roja, esta se emitía para todos los países del mundo, luego dependería de los acuerdos entre estados para que se cumpliera o no.

Agregó que ante una alerta roja o un IPCQ, “… se ingresaba a la base como requerido internacional y eventualmente si alguna de las unidades o nuestra propia oficina procedía a la detención, en forma inmediata se le enteraba al magistrado correspondiente, primero vía telefónica y nos ajustábamos a lo que indicaba el magistrado interviniente.

Otro testigo manifestó que una vez que un extranjero es requerido por su país “se enteraba al juez de turno sobre esa requisitoria internacional, este juzgado por lo general disponía que se emitiera la orden de captura a nivel nacional.

Dijo además que las oficinas se notificaban por un “canal seguro” de correo electrónico y que “Luego de la detención de la persona, en esa época se informaba al juez de turno que correspondía de acuerdo a la jurisdicción.

Conclusiones.

En este caso se informó al juez de una captura para ser ejecutada en Bolivia, sin que existiera alerta roja, por lo que la detención fue ilegítima.

Además, recordemos que fue dictada por un juez incompetente y sobre delitos excluidos por el reglamento de INTERPOL.

A esta altura deberíamos preguntarnos cuál fue el motivo de la detención del Dr. Melgar en esta oportunidad y por qué no se la ejecutó antes, cuando realizó otros viajes aéreos, para entender los motivos de la violación a sus derechos individuales.

Respecto del proceso de extracción.

La prueba de la violación del orden público nacional e internacional, de la Constitución, de las normas procesales y de los tratados internacionales, surge del expediente penal en el que se tramitó el proceso de extradición.

Las violaciones fueron groseras por lo que pueden ser catalogadas como error inexcusable, en la más benigna de las consideraciones.

El mandato de detención.

El mandato de detención era válido exclusivamente para las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia y fue dictado por un juez designado después de ocurridos los hechos lo que es groseramente inconstitucional.

El Poder Judicial es ejercido por cada magistrado en la medida de su jurisdicción y competencia por lo que designar un juez especial para entender en hechos ocurridos en el pasado y en un lugar diferente, viola la garantía del juez natural.

La responsabilidad del ESTADO.

En efecto, como fuera señalado en la demanda a fojas 46, tanto la sentencia de primera instancia como la actuación del Ministerio Público[1] constituyen una grosera violación del artículo 19 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay que establece:

“Quedan prohibidos los juicios por comisión.” [2]

Mientras que la actuación del Poder Ejecutivo violó el mando constitucional del artículo 15:

Nadie puede ser preso sino infraganti delito o habiendo semiplena prueba de él, por orden escrita de Juez competente.

Estas disposiciones, que tienen su origen en la Constitución de 1830,[3] integran el conjunto de derechos y garantías derivados de la naturaleza humana del hombre y de la forma republicana de gobierno.[4]

Además, forman parte de las reglas del debido proceso penal[5] que deben aplicarse a todos los habitantes de nuestra República, sin distinción alguna.

También constituyen una violación a lo dispuesto por el artículo 8 de la CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS “Pacto de San José de Costa Rica[6] incorporado al derecho positivo vigente por el artículo 15 de la Ley 15.737, del 8 de marzo de 1985, que establece:

Garantías Judiciales”:

“1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

Finalmente considero que estamos ante un caso de culpa grave por error inexcusable, que raya con el dolo eventual.

El error inexcusable.

La Suprema Corte de Justicia[7] enseña que “… el error judicial, para configurar responsabilidad, debe ser grosero, protuberante, tan claro que resulte inexcusable para el Juez medio, puede entenderse que está reglamentado en el art. 10 del Pacto de San José de Costa Rica y alude a una culpa grave, evidenciada de modo claro y manifiesto[8] de conformidad con el art. 26 del C.G.P. en su numeral 3º.”[9]

La responsabilidad del Estado por acto jurisdiccional es objetiva y tiene su fuente en los artículos 23 y 24 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay.

Luego, fue establecida expresamente para el caso de prisión preventiva – a pesar de que ello no era necesario – por el artículo 4º de la Ley 15.859, del 31 de marzo de 1987.

Además, en el caso de autos se dan los presupuestos requeridos para que se genere la responsabilidad del Estado por acto jurisdiccional son dos:

  1. la existencia de un acto contrario a derecho y
  2. el dictado de un acto revocatorio posterior.[10]

Así entonces, resultó probado que la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la extradición trasgredió la Constitución, el orden público interno, el derecho positivo vigente de la República Oriental del Uruguay, el Estado Plurinacional de Bolivia; el orden público internacional, los principios generales del derecho penal y los Tratados Internacionales vigentes en la materia.

Todo pese a los reparos y advertencias formuladas por los abogados patrocinantes del Dr. MELGAR, la prensa y el Poder Legislativo, que fueron ignoradas por juez y fiscal.[11]

Los hechos.

El Dr. Alejando Melgar es de profesión abogado, ciudadano natural de la República Oriental del Uruguay y del Estado Plurinacional de Bolivia, en el primer caso por jus sanguini y en el segundo por jus soli.

Melgar fue víctima de persecución política e intento de homicidio en BOLIVIA. Esta situación, como es obvio, no fue singular, sino que afectó a un importante número de ciudadanos cruceños que se exiliaron en los países vecinos buscando protección mediante el asilo o el refugio político.

En cambio, el Dr. Melgar decidió vivir en Uruguay, que también es su patria.

Luego de dos años de residencia fue detenido y sometido a arresto administrativo por parte de las autoridades que tomaron intervención en el caso, las que actuaron por motivos políticos[12] y [13] o con culpa grave por error inexcusable, que raya con el dolo eventual.

El Dr. Melgar se opuso fundadamente al pedido de extradición, reiterando argumentos que luego fueron recogidos por las sentencia de segunda instancia y confirmados en casación.

Advirtió reiteradamente que la detención a la que fue sometido “… aún puede ser revocada para restablecer el pleno goce de los derechos fundamentales que me fueron conculcados.

Es por ello que tengo fe y esperanza en que la justicia de la República Oriental del Uruguay atienda mis argumentos y decrete mi libertad, lo que será justicia.

La detención indebida.

Melgar fue detenido por la autoridad administrativa en forma ilegítima por lo que se han violado sus derechos como ciudadano uruguayo y habitante de la República Oriental del Uruguay.

En efecto, según dispone el artículo 15 de la Constitución de la República, “Nadie puede ser preso sino infraganti delito o habiendo semi plena prueba de él, por orden escrita del juez competente.

Su detención (privación de libertad y posterior arresto administrativo)[14] por parte de la autoridad policial se concretó sin que existiera orden escrita de juez competente ni pedido de captura internacional emitido por INTERPOL obligatorio para la República Oriental del Uruguay.

El mandamiento de aprehensión en su contra fue dado por un juez incompetente y era válido exclusivamente para “… cualquier autoridad policial no impedida por ley del Estado Plurinacional …” de Bolivia, por lo que no obligaba en forma alguna a las autoridades de nuestra República.

El Oficio Nº 2159/2012 de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e INTERPOL, del 30 de abril de 2012, afirma que procedió a ejecutar la orden de prisión referida en el numeral precedente, aclarando que la misma establecía:

No obstante nuestra Secretaría General (INTERPOL) informa que no registrará dicha solicitud en virtud de lo establecido por el Art. 3 de los Estatutos de la Organización, en el cual se establece que INTERPOL no interviene frente a delitos Políticos, Militares y o Religiosos.

En suma: cuando fue detenido no existía orden de detención ni mandamiento de captura internacional que debiera ser cumplido en la República Oriental del Uruguay, por lo que su detención fue ilegítima y arbitraria.

En su oportunidad, Melgar manifestó: “No soy culpable de delito alguno por lo que reclamo la protección de mis derechos en los términos previstos en los artículos 7, 15 y 72 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay, de la que soy ciudadano y habitante desde que debí exiliarme por ser víctima de persecución política e intento de homicidio.” pero sus razones no fueron tomadas en cuenta.

La nulidad de su comparecencia ante el Juzgado de la ciudad de la costa de 3º turno.

Contrariamente a lo que sostuvieron la Señora Juez y el Señor Fiscal que actuaron en la primera instancia, la comparecencia de Melgar ante el Señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de Ciudad de la Costa de Tercer Turno, a cargo del Dr. Juvenal JAVIER, con intervención del Ministerio Público a cargo de la Dra. Adriana UMPIERREZ, fue absolutamente nula porque, si bien contó con la asistencia de un colega abogado, el mismo no tuvo acceso al expediente.

Esta situación impidió a la defensa controlar la regularidad de su detención y reclamar sus derechos.

La garantía constitucional del debido proceso no se concreta con la mera presencia formal de un abogado para convalidar nulidades. Requiere el acceso libre e ilimitado al expediente que refiere al caso y la comunicación libre y privada con su cliente para que se pueda cumplir con la defensa.

Tiene los mismos derechos que su contraparte, el fiscal, mientras que el Juez debe mantenerse imparcial, velar por las garantías del indagado y preservar la absoluta igualdad entre las partes.

Expresado en términos positivos: para que exista posibilidad de defensa idónea, útil para el ciudadano privado de libertad, se requiere que su abogado pueda acceder al expediente para conocer los hechos que se imputan a su defendido y la normativa que se pretende aplicar al caso concreto.

Este derecho se integra y complementa con los de comunicación libre y privada entre el defensor y defendido, más la concesión de un plazo adecuado y razonable para estudiar el caso y preparar la defensa.

El cliente es quien conoce los hechos y el abogado quien debe establecer el marco jurídico y los argumentos en los que basará su defensa; por ello, sin facilitar el cumplimiento previo de estas etapas que vengo de relatar, no pueden considerarse cumplidas las garantías constitucionales del debido proceso.

Que el preso tenga “su día ante el tribunal” supone que pueda comparecer ante el juez natural de la causa en igualdad de condiciones con el Fiscal, para plantear sus defensas.

De lo contrario no existirían garantías constitucionales ni defensa, sino simplemente, la presencia formal del preso y su abogado, que convalida nulidades firmando el acta de declaración.

Finalmente debo reiterar, aunque por obvio no sería necesario, que en nuestra República el Juez de Primera Instancia en lo penal es un juez de garantías, cuya principal labor es la de preservar los derechos de las personas sometidas a su autoridad.

Tal es así que el artículo 23 de la Constitución establece: “Todos los jueces son responsables ante la ley de la más pequeña agresión contra los derechos de las personas, así como por separarse del orden de proceder que en ellas se establezca.

El expediente fue remitido al Juzgado Letrado en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 2º Turno, a cargo de la Dra. Adriana DE LOS SANTOS ARIGONI y se tramitó con intervención del Sr. Fiscal Letrado Nacional Especializado en Crimen Organizado, Dr. Ricardo PERCIBALLE, quien fuera luego sustituido en el cargo por el Dr. Juan Bautista GÓMEZ DUARTE.

La defensa, en cumplimiento de lo dispuesto por Decreto 453/2012, que le confirió traslado por tres días, aportó prueba documental, alegó la nulidad por indefensión, se opuso al pedido de extradición y solicitó el diligenciamiento de prueba.

EL Dr. Melgar manifestó que no era un delincuente sino víctima de persecución política e intento de homicidio, razón por la cual, luego de participar en una competencia en representación del Estado Plurinacional de Bolivia, decidió exiliarse en Uruguay, país que también es su patria.

Si hoy estuviera en BRASIL o en PARAGUAY sería un asilado político por lo que no alcanzo a comprender las razones por las cuales estoy detenido en URUGUAY.

Considero que la República Oriental del Uruguay debe brindarme protección por mi calidad de ciudadano[15] y habitante, debe reconocer que es imposible que sea sometido a un juicio imparcial por parte del Estado Plurinacional de Bolivia, aplicando el Estatuto de Roma, del Tratado de Estambul y del Pronunciamiento de la ONU respecto de la detención arbitraria de otro de los indagados en el proceso seguido ante el Juzgado de La Paz, el Sr. ELOD TOAZO.

La nulidad del pedido de extradición.

Melgar alegó la nulidad del pedido de extradición por razones formales, en tanto la solicitud violaba los requisitos previstos por el artículo 18 del Tratado de Extradición vigente para los países que integran el Mercosur y a la vez, el artículo 156 del Código del Proceso Penal del Estado Plurinacional del Bolivia que establece que “La solicitud de extradición será decretada por el juez o tribunal del proceso, a petición del fiscal o del querellante, cuanto exista imputación formal de delito y, también de oficio, cuando exista sentencia condenatoria.

El Exhorto Suplicatorio es nada más que una simple transcripción del requerimiento fiscal de extradición, ante el pedido fiscal, el incompetente juez boliviano no se expidió, ni tampoco respaldó su exhorto con decreto fundado, resolución judicial o auto interlocutorio alguno.

En el mismo sentido, según establece la Ley del Estado Plurinacional de Bolivia, el Ministerio Público carece de atribuciones para participar o solicitar la extradición de una persona, correspondiendo dicha competencia al juez de la causa.

Ahora bien, el Juez de la causa, no es otro que el juez natural, entendiendo por tal al magistrado con jurisdicción y competencia determinada por la normas objetivas y previas al momento de cometerse los hechos.

Entonces, el juez natural no era el de La Paz sino el de Santa Cruz, lugar donde se produjeron los supuestos hechos de terrorismo y alzamiento armado. [18]

El Estado Plurinacional de Bolivia está dividido en nueve distritos judiciales que coinciden en su territorio con los nueve departamentos que lo integran, dividiendo así la jurisdicción y competencia de los magistrados por criterio territorial, en forma similar a lo que ocurre en nuestra República.

En este sentido, tanto la Suprema Corte de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia como la Corte Superior del Distrito de Santa Cruz resolvieron por sentencia firme que la causa por la cual se solicita la extradición debió ser sustanciada ante el Juez de Santa Cruz.

Para obviar lo resuelto por la justicia, luego de ocurridos los hechos, las autoridades políticas crearon un Tribunal Ad Hoc, con sede en la ciudad de La Paz, lo que pone en evidencia que se trataba de una sede incompetente al  momento de cometerse los hechos, ya que su jurisdicción fue creada, inventada, por un Decreto Supremo del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia; que se hizo valer retroactivamente, pero, es bien sabido que la retroactividad en materia penal solo es posible cuando beneficia al encausado, configurándose entonces una violación al orden público y al artículo 123 de la Constitución Boliviana del Estado Plurinacional de Bolivia.

Al respecto dijo el Dr. Melgar: “Debo señalar a la Señora Juez con solo pronunciar las palabras Decreto Supremo y retroactividad de la ley penal frente a mis colegas uruguayos les provoco horror o los dejo perplejos porque no alcanzan a comprender como puede existir tamaña arbitrariedad en un estado de Derecho.

Esto, según mi opinión de jurista y ahora de preso, habla muy bien del Uruguay y muy mal de Bolivia. Por ello, solicito a la Señora Juez que a la hora de resolver tenga presentes los principios y las normas que vivió como ciudadana y estudió como abogado para compararlas con las que hoy se aplican en Bolivia; ésta sola comparación le permitirá comprender que se han violado todas las normas de derecho que regulan la competencia del juez que solicita la extradición, las garantías del debido proceso y las normas internacionales vigentes para ambos países.”

La caducidad o prescripción de la acción.

El artículo 9 del Tratado de Extradición del Mercosur establece que “No se concederá la extradición cuando la acción o la pena estuvieren prescriptas conforme a la legislación del Estado Parte requirente o del Estado Parte requerido.

El artículo 27 del Código del Proceso Penal del Estado Plurinacional de Bolivia establece que la acción penal se extingue: “10) Por vencimiento del plazo máximo de duración del Proceso.

El artículo 130 dispone que todos “Los plazos son improrrogables y perentorios salvo disposición contraria de este Código.” estableciendo luego la forma de cómputo de los mismos.

El artículo 134 establece que la etapa preparatoria deberá finalizar en el plazo de 18 meses, contados desde el primer acto del procedimiento (en el caso de autos la denuncia es del 14 de abril de 2009).

El escrito del Ministerio Público por el cual “subsana y presenta acusación” fue recibido por el Tribunal Ad Hoc el día 20 de abril de 2011.[17]

Este escrito fue presentado luego de vencido el plazo porque entre la denuncia y la acusación trascurrieron 24 meses y seis días; es decir que, de acuerdo con la normativa procesal penal boliviana, la acción penal se había extinguido.

Corresponde señalar que la “Ley de modificaciones al sistema normativo penal” Nº 007[18], del 18 de mayo de 2010, por la cual se amplía el plazo para la actuación del Ministerio Público, fue publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia el día 18 de mayo de 2010, es decir, un año, un mes y cuatro días después de presentada la denuncia, por lo que no puede ser aplicada en forma retroactiva, en perjuicio de mi representado.

El juicio en rebeldía.

Tal como se expresó en el escrito de oposición inicial a la Acusación Fiscal del 20 de Abril de 2011[19], resulta que se procedió a notificar por edictos a una serie de imputados, entre los que se encontraba Melgar.

Por Resolución de la Corte Superior de Distrito[20] del 21 de Abril de 2011, se ordena la notificación por edictos a los declarados rebeldes, a fin de que comparezcan en el término legal a asumir defensa, designándose como defensor de oficio de los imputados al Dr. Erick ORELLANA.

El Auto de Apertura de Juicio Oral por el cual el Tribunal de Sentencia del Séptimo Distrito Judicial de La Paz[21] dispuso la Apertura del Juicio contra todos los acusados, por la supuesta comisión de los delitos de Terrorismo y Alzamiento Armado, señaló Audiencia para el Juicio Oral y Público para el martes 15 de Mayo de 2012 a las 10 horas, disponiéndose que se notificara a las partes, a los testigos y a los peritos ofrecidos.

Se dispuso asimismo efectuar el Sorteo de Ciudadanos que conforman el Jurado para el día 24 de Abril de 2012 y la constitución del Tribunal para el día 2 de mayo de 2012.

Lo anteriormente expuesto demuestra con meridiana claridad que el Estado Boliviano inició un juicio penal en rebeldía contra mi defendido, en clara, notoria y evidente violación de nuestro orden público, ya que este tipo de procesos está prohibido expresamente por el artículo 21 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay.

El Dr. Milton CAIROLI en su obra “La Cooperación Penal Internacional, la Asistencia Mutua y la Extradición” señala que existen dos posiciones en la doctrina y jurisprudencia de nuestro país. Por un lado, aquella que considera que las exigencias constitucionales y legales uruguayas no integran el Orden Público Internacional Uruguayo y por otro lado las que entienden que si lo integran.

Parte de la jurisprudencia nacional entendió que los requisitos constitucionales previos al procesamiento válido que reglamenta el art. 126 del CPP, son una peculiaridad de la ley procesal uruguaya y no está en la esencia del Orden Público Internacional.

CAIROLI, en cambio, argumenta que esta última posición es errónea (fs. 70 de la obra citada) pues no existe en el ordenamiento positivo uruguayo (ni en el de otro país) un Orden Público Internacional superior a la Constitución que en su artículo 21 prohíbe el proceso penal en rebeldía.

El artículo 16 de la Constitución requiere la declaración previa del arrestado tomada en presencia de su defensor para poder iniciar el sumario, por lo que todos los procesamientos dictados en el extranjero que carezcan de este requisito, por más que puedan ser lícitos según su normativa, resultan ser ineficaces para habilitar la entrega.

A contrario de lo que sostuvo en su momento Julio De Olarte en su obra «Extradición»,  Cairoli enfáticamente manifiesta que no existe una supremacía de los Tratados de Extradición por sobre la Constitución, ni pertenecen a un orden jurídico diferente al constitucional.

En el mismo sentido, el Profesor Gonzalo FERNÁNDEZ en su obra “Extradición, orden público interno y delito político” sostuvo que ni la extradición, ni ningún otro instituto jurídico, puede priorizarse en jerarquía a la Constitución de la República, malgrado su fuente convencional y la innegable estirpe «internacional» que reviste.

Adiciona que los Estados no están habilitados a suscribir tratados internacionales contrariando su ordenamiento interno. Asimismo, se hallan obligados a hacer salvedad y firmarlos bajo reserva parcial, cuando alguna disposición del tratado colide con su orden público interno.

En último término, la convención requiere ser positivizada para lograr eficacia: sólo podrá ejecutársela luego de la consabida aprobación legislativa que, en nuestro caso, se regula por el art. 85 numeral 7 de la Carta, dentro de las atribuciones privativas de la Asamblea General.

Consecuentemente, por ser violatorio del artículo 21 de la Constitución de la República y por ende contrario al Orden Público, lo que correspondía a la luz de lo dispuesto por el artículo 30 del Tratado era denegar la solicitud de extradición por ser su cumplimiento contrario al Orden Público Uruguayo.

La excepción política.

El artículo 5, inciso 1 del “ACUERDO SOBRE EXTRADICIÓN ENTRE LOS ESTADOS PARTE DEL MERCOSUR Y LA REPÚBLICA DE BOLIVIA, Y LA REPÚBLICA DE CHILE”, Ley 17.498, dispone expresamente que no se concederá la extradición por delitos, que el Estado Parte requerido considere políticos o conexos con delitos de esta naturaleza. Agregándose que la mera invocación de un fin o motivo político no implicará que éste deba necesariamente calificarse como tal.

El inciso 2. del artículo preceptúa que a los fines del Acuerdo no serán considerados delitos políticos, tres tipos de delitos:

el atentado contra la vida o la acción de dar muerte a un Jefe de Estado o de Gobierno o a otras autoridades nacionales o locales o a sus familiares;

el genocidio, los crímenes de guerra o los delitos contra la humanidad en violación de las normas del Derecho Internacional;

los actos de naturaleza terrorista que, a título ilustrativo, impliquen alguna de las siguientes conductas:

el atentado contra la vida, la integridad física o la libertad de personas que tengan derecho a protección internacional, incluidos los agentes diplomáticos;

la toma de rehenes o el secuestro de personas;

el atentado contra personas o bienes mediante el uso de bombas, granadas, proyectiles, minas, armas de fuego, cartas o paquetes que contengan explosivos u otros dispositivos capaces de causar peligro común o conmoción pública;

los actos de captura ilícita de embarcaciones o aeronaves;

en general, cualquier acto no comprendido en los supuestos anteriores cometido con el propósito de atemorizar a la población, a clases o sectores de la misma, atentar contra la economía de un país, su patrimonio cultural o ecológico, o cometer represalias de carácter político, racial o religioso;

la tentativa de cualquiera de los delitos previstos en este Artículo.

Lo preceptuado como principio rector del Tratado, es conteste con lo dispuesto por el artículo 13 del Código Penal patrio, esto es que “la extradición no es admitida por delitos políticos, por delitos comunes, conexos a delitos políticos, ni por delitos comunes cuya represión obedezca a fines políticos.”

El agregado final del artículo 5.1 del Acuerdo por el cual se dispone que la simple invocación de un fin o motivo político no implicará que el delito deba necesariamente calificarse como tal, exigirá la aportación de la prueba correspondiente.

Como adecuadamente señala el Sr. Fiscal en su vista, el denominado Sistema Belga-Holandés de extradición, recorta las facultades de injerencia del Estado requerido, a quién no le incumbe entrometerse en el fondo del asunto, apreciando si existe o no prueba de la culpabilidad atribuida.

Sin embargo, el control de regularidad de la demanda extraditoria, como expresa Gonzalo FERNÁNDEZ en su obra “Extradición, orden público interno y delito político” obliga a examinar si la misma es viable o se encuentra bloqueada por la dirimente de carácter político, siendo – en consecuencia – menester apreciar el fondo del asunto.

Se abre así una brecha al restrictivo sistema belga holandés, en cuanto la propia normativa del Tratado le impone al Estado requerido abordar una valoración sustantiva, no para justificar la inculpación por sí misma, sino para descartar o no la politicidad del ilícito imputado.

El Estado requerido es el titular del poder-deber de calificación, puesto que es quién, por expresa disposición normativa, debe resolver, luego de examinar los antecedentes, si el delito que motiva el reclamo es de naturaleza política para determinar si el mismo se encuentra comprendido en las excepciones estipuladas por el mismo acuerdo a la categoría de delito político.

Consecuentemente, tal como expresa el Dr. FERNÁNDEZ en la obra citada, el Estado requerido tiene el derecho y el deber de controlar la calificación de hechos y la conformidad de la demanda al Orden Público Nacional, en especial respecto de la eventual naturaleza política del delito imputado.

Por ello, concluye: “… el (Estado) requerido debe denegar la solicitud, si al calificar la demanda, advierte que ésta colide con el orden público interno; que infringe principios básicos del ordenamiento penal (o procesal penal) positivo.”

“La denegatoria se fundará, ni más ni menos, en la excepción de orden público interno.”

La nulidad de la detención.

Surge de lo manifestado que la defensa de Melgar alegó la nulidad de la detención y cinco causales para rechazar el pedido de extradición formulado por el Estado Plurinacional de Bolivia.

En efecto, la detención del Dr. Melgar se produjo “cumpliendo” un mandato de aprehensión que no debía ser ejecutado por las autoridades nacionales en tanto solo era obligatorio para el Estado Plurinacional de Bolivia.

La solicitud de extradición no podía prosperar por razones de forma y de fondo en tanto:

  1. fue juzgado en rebeldía;
  2. el pedido de extradición era nulo,
  3. iba a ser juzgado por un tribunal ad hoc,
  4. luego de operada la caducidad de la acción y
  5. por delitos políticos; en violación al orden público interno de la República Oriental del Uruguay, del Estado Plurinacional de Bolivia y de los Tratados Internacionales suscritos por ambos.

Reitero que los delitos imputados eran, sin lugar a duda, delitos políticos, a punto tal que los otros imputados perseguidos en la misma causa ejercieron el derecho de asilo político en Brasil, Paraguay y en los Estados Unidos de América.

La prueba.

Como el proceso penal prosperaba pese a la prueba agregada por la defensa, se solicitó la apertura a prueba al amparo del Acuerdo de Extradición que establece que no es suficiente la mera invocación de fines políticos.

El Dr. Melgar dijo:

No puedo compartir lo manifestado por el Ministerio Público cuando expresa “… ha de soslayarse cualquier consideración sobre el Estado Plurinacional de Bolivia, su situación Política y la situación judicial y del Ministerio Público de dicho país” porque allí radica precisamente la prueba de que soy un perseguido político y que los delitos imputados son políticos.

El artículo 5, inciso 1º del Acuerdo de Extradición establece el deber del estado requerido de valorar sustantivamente la solicitud de extradición, no para determinar la culpabilidad o no del imputado, sino para comprobar si el requerimiento refiere a un delito político, en cuyo caso deberá rechazar la solicitud y decretar la libertad del detenido, según dispone el artículo 30 del Acuerdo que expresa:

         “Seguridad, Orden Público y Otros Intereses Esenciales.”

         “Excepcionalmente y con la debida fundamentación, el Estado Parte requerido podrá denegar la solicitud de extradición, cuando su cumplimiento sea contrario a la seguridad, al orden público u otros intereses esenciales para el Estado Parte requerido.

En subsidio, alegó que los hechos imputados no encuadraban dentro de las excepciones del artículo 5º del Acuerdo de Extradición del Mercosur que excluye del concepto de delito político.

Que en ningún caso se le imputa la comisión de actos directos de terrorismo por lo que se evade el marco legal establecido en el acuerdo del Mercosur.

El delito de Alzamientos Armados contra la Seguridad y Soberanía del Estado no se encuentra tipificado como delito en el Ordenamiento Jurídico Uruguayo, ni con esa denominación ni con otra, por lo cual a su respecto no se cumple con el requisito de doble incriminación, séptimo argumento para denegar la extradición.

Finalmente, el Dr. Melgar acompañó un informe jurídico sobre la situación relativa al caso por el cual se solicitaba su extradición, donde analizó las especiales circunstancias del proceso desde sus inicios hasta el día de su presentación.

Si bien la teoría belga holandesa no requiere el ingreso al fondo del asunto para conceder la extradición, el artículo 5.1. del Acuerdo establece el deber del Estado requerido de ingresar al mismo ya que el mero análisis formal del pedido no basta para determinar si nos encontramos ante un delito político, excluido por la citada norma.

La sede de primera instancia, de conformidad con el Ministerio Público, desestimó la prueba solicitada por la defensa, según sentencia interlocutoria 95/2013 del 26 de abril de 2013.

Dicha providencia fue impugnada y finalmente revocada por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1º Turno por sentencia interlocutoria de segunda instancia Nº 348/2013.

En suma entonces, siendo que la petición del recurrente no excede en forma manifiesta el ámbito competencial del órgano judicial en el procedimiento extradicional, y que la información solicitada a las Naciones Unidas se encuentra entre la prueba documental obrante en autos -cuya autenticidad no fue cuestionada, se tendrá formalmente por agregada, y sólo se ordenará la información solicitada en el literal D.1 (fs. 883), correspondiendo librar exhorto por la vía correspondiente, donde se requerirá informe sobre la existencia de asilados políticos de nacionalidad boliviana. Esa comunicación no hará mención a “la situación de los Derechos Humanos en dicho Estado”.

La existencia de asilados políticos era, a criterio del compareciente, un hecho notorio y no controvertido, por lo que no requería prueba al tenor de lo dispuesto por el artículo 138 del Código General del Proceso.

La sentencia de primera instancia.

Pese a todos los argumentos jurídicos desarrollados y a la prueba producida en autos, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 2º Turno hizo lugar a la extradición por sentencia definitiva de primera instancia 25/2014 del 12 de diciembre de 2014, previo dictado de los singulares Decretos 1289/2014 de fojas 125 y 1490/2014 de fojas 1253.[22]

Así entonces, el Juez actuó en el mismo sentido que el Ministerio Público en tanto amparó la petición de éste, el orden público nacional e internacional, contra la Constitución, la Ley y el Tratado, soslayando la prueba, la postura del requerido y la su defensor.

Esta conducta, en la hipótesis más benévola, puede ser calificada como error inexcusable en tanto se violaron todas y cada una de las normas aplicables al caso: las nacionales, las bolivianas y las internacionales.

La Sentencia 25/2014, del 12 de diciembre de 2014, contiene un enigmático párrafo que expresa:

“Sin perjuicio de lo mencionado, es de esperar que la justicia boliviana brinde al Sr. Melgar Pereira, todas las garantías necesarias para un proceso justo donde pueda ejercer plenamente su derecho de defensa.”

Esta expresión de deseos – impropia en una sentencia – pone en evidencia la existencia de reparos, la previsión de un hecho no querido y, a pesar de ello, la Señora Juez hizo lugar a la extradición, siguiendo la opinión del Ministerio Público, es por ello que sostengo que el error inexcusable linda con el dolo eventual.

La defensa presentó el recurso de apelación al que se allanó el Fiscal Letrado Nacional Especializado en Crimen Organizado porque “no deja de reconocer la alta sensibilidad que provocan situaciones como las que son objeto de estos procedimientos, por lo cual y en postura netamente garantista de los derechos fundamentales del Sr. Alejando Melgar Pereira, no opondrá reparos si la Sede lo estimare, que se admita el recurso, franqueándose la alzada ente el Tribunal en lo Penal que por Turno corresponda, a los efectos de que dicho órgano se pronuncie sobre el tema en debate.

La defensa recurrió la providencia que franqueó el recurso de apelación expresando su asombro por el trámite dado al expediente ya que la Señora Juez omitió mandar expresar agravios, como corresponde en los casos de apelación de sentencias definitivas en el régimen establecido por el artículo 253 del Código del Proceso Penal 1980.

El Dr. Miguel LANGÓN CUÑARRO expresó “No hay, que yo sepa, ningún caso anterior en que haya aplicado en juicio de extradición el criterio del fiscal, seguido sorpresivamente por la Sede, …”

Agregó “El franqueo de la apelación no es un acto gracioso de la Sede, ni un homenaje al derecho de defensa, sino que es lo que corresponde por derecho y se debe sustanciar con la expresión de los agravios que nos causa, que, no obstante surgir con toda claridad del expediente, tenemos el derecho de fundar conforme a la ley en esta instancia recursiva.”

Lo que corresponde, simplemente es declarar bien interpuesto el recurso de apelación introducido y mandar expresar agravios, que es lo que venimos a solicitar se disponga, al resolver este recurso sin sustanciarse, reponiendo por contrario imperio, conforme a derecho, y por corresponder, al auto recurrido.

Por Decreto 162/2015 del 3 de marzo de 2015 el juzgado de primera instancia dispuso “SE DEJA SIN EFECTO LO DISPUESTO POR AUTO 115, A LOS EFECTOS DE BRINDAR LAS MAYORES GARANTÍAS PARA QUE EL REQUERIDO PUEDA EJERCER SU DEFENSA, POR LO EXPUESTO SE PROVEE: HABIÉNDOSE TENIDO POR INTERPUESTO EL RECURSO DE APELACIÓN, FUNDAMENTE AGRAVIOS EL APELANTE POR EL TÉRMINO LEGAL.”

Me permito enmendar dicho fallo ya que la revocación se produjo porque la ley procesal dispone expresar agravios y no por la graciosa dádiva del magistrado de “brindar las mayores garantías” al privado de libertad.

La defensa expresó agravios los que fueron controvertidos por el fiscal quien – como era de esperar – abogó por mantener la providencia recurrida.

La sentencia de segunda instancia.

La Sentencia definitiva de segunda instancia Nº 317, del 18 de diciembre de 2015, revocó la sentencia recurrida y en su lugar denegó la extradición.

Para revocar tan errónea como ilegítima sentencia el Tribunal de alzada utilizó un solo argumento:  la violación del principio del juez natural porque:

“está vedado a nuestros tribunales (y a los de los demás Estados Parte) conceder la extradición “de la persona reclamada cuando hubiere sido condenada o deba ser juzgada en el Estado Parte requirente por un tribunal de excepción o “ad hoc” (art. 8).”

Además, la sentencia debe emanar de jueces preexistentes al que la motiva. No se concibe el establecimiento de jueces ex post facto, vale decir, creados luego de ocurrido un hecho y para juzgar ese hecho. El art. 19 prohíbe los juicos por comisión los juicios dictados por comisiones judiciales designadas para casos determinados y con posterioridad al momento en el cual el caso ocurre.

Además, la sentencia expresó:

La orden de captura (mandamiento de aprehensión) contra Melgar fechada el 26/4/2011, fue librada por el Juzgado 9º de Instrucción en lo Penal de La Paz (fs. 3, 36) por el Dr. Dan Rolando Sarmiento (fs. 3/9), y motivó la detención del nombrado el 23/4/2012 en el Aeropuerto Internacional de Carrasco por parte de INTERPOL (fs. 1/2).

Dicha central hizo constar a fs. 33 en relación a su intervención en el caso: “… Nuestra Secretaría General informa que no registrará dicha solicitud de detención en virtud de lo establecido en el art. 3 de los Estatutos de la Organización, en el cual se estáblece que INTERPOL no interviene frente a Delitos Políticos, Militares y/o Religiosos” (fs. 33).

Pero tampoco se entiende del caso pronunciarse acerca de los cuestionamientos a la regularidad de la orden de detención (por ausencia de captura internacional, ser dictada tardíamente y por Juez territorialmente incompetente).

                   «Alcanza señalar que la ausencia de juez natural (en criterio de la Sala), exceptúa la obligación de extraditar.

La casación.

El Sr. Fiscal Letrado Nacional Especializado en Crimen Organizado de 2º Turno promovió el recurso de casación contra la sentencia que vengo de reseñar.

La defensa de Melgar evacuó el traslado conferido[23] impetrando se mantenga la recurrida mientras que el Sr. Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Dr. Jorge DÍAZ ALMEIDA solicitó se hiciera lugar al recurso interpuesto, casando la sentencia de segunda instancia.

La sentencia de la suprema corte de justicia.

La Suprema Corte de Justicia, por el voto unánime de sus miembros dictó la Sentencia Nº 612, del 21 de agosto de 2017, por la cual desestimó el recurso de casación “… pues ninguno de los argumentos de sucumbencia invocados en el grado resultan susceptibles de provocar nulidad de la sentencia impugnada …

Luego de analizar pormenorizadamente el caso de autos concluyó:

En suma, basta, como en la especie, con la notoria violación de la regla de no ser juzgado por un Juez de excepción, para denegar el pedido de extradición, tornando innecesario emitir pronunciamiento acerca de otros tópicos invocados por la defensa de Melgar.

La referida sentencia fue notificada personalmente a mi representado el día 29 de agosto de 2017[24] y se hizo efectiva el día 26 de setiembre de 2017, fecha en que se dictó el Decreto 1338/2017 que dispone: “Con el Señor Fiscal, atento a las resultancias de autos, dispónese el cese de cualquier medida restrictiva de la libertad ambulatoria de Alejando Melgar Pereira, efectuándose las comunicaciones correspondientes.” notificándose a la defensa el 3 de octubre de 2017 por cedulón electrónico.

No se advierte la necesidad de señalar la conformidad del Sr. Fiscal cuando la sentencia fue revocada por el Tribunal de Apelaciones y la Suprema Corte de Justicia desestimó el recurso de casación.

CONCLUSIONES.

Es por esto, que corresponde hacer lugar a la demanda y condenar al ESTADO al pago de los rubros reclamados en la demanda y condenarlo al pago de las costas, costos y demás gastos del juicio.

El ESTADO es uno solo. Como persona pública mayor actúa por medio de sus diferentes órganos, que actuaron en forma coordinada, fueron autores de los daños y perjuicios cuya reparación se pretende.

La detención sin orden de captura dictada por un juez incompetente fue realizada por la policía, los magistrados actuantes la mantuvieron y los fiscales hicieron todo lo posible para conceder una extradición a todas luces improcedente, manteniendo en prisión a un ciudadano uruguayo.

Carlos Bustamante Barrios.

[1] ETTLIN, Edgardo. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS. LA LEY URUGUAY. Montevideo, 2017. Capítulo XI DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LOS JUECES Y DE LOS FISCALES. Pág. 375 y ss.

[2] RISSO FERRAND, Martín. “El debido proceso en la Constitución Uruguaya.” ANUARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL LATINOAMERICANO. AÑO XXII, Montevideo, 2011, pág. 117 – 138. disponible en: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r27646.pdf

[3] “CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY concordada y anotada por el Dr. ALBERTO PÉREZ PÉREZ.” Biblioteca de publicaciones oficiales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Montevideo, 1967, páginas 19 y 21.

[4] artículos 7, 72 y 330 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay.

[5] GONZÁLEZ, María Eugenia; PRATO, Magdalena. “MANUAL BÁSICO PARA EL ESTUDIO DEL PROCESO PENAL URUGUAYO.” Sobre los principios de “libertad personal” y “juez natural” ver páginas 8 y 9.  Disponible en https://publicaciones.fder.edu.uy/index.php/me/article/download/137/130/

[6] TOMMASSINO, Armando. PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA Y PROCESO PENAL URUGUAYO. Fundación de Cultura Universitaria, Colección JVS Nº 38. Montevideo, julio de 1989; pág. 15.

[7] Suprema Corte de Justicia, Sentencia 86/2021, del 4 de mayo de 2021, disponible en la Base de Jurisprudencia Nacional de la Suprema Corte de Justicia.

[8](Cf. Véscovi et alter: C.G.P. Anotado, Comentado, Concordado, T. 1, p. 397; y del mismo autor Manual de Derecho Procesal, p. 251)

[9](de igual modo, lo ha entendido esta Sala en Sentencia Nº 98/1999 en Anuario…, T. XXX, c. 989, p. 379 y T.A.C. 1º, Sent. Nº 83/2001 en A.D.C.U., Tomo XXXII, c. 961 pág. 485; T.A.C. 6° T, Sent. 303/2007 en A.D.C.U. T. XXXVIII, c. 956, págs. 537/538)…

[10] SANCHEZ CARNELLI, LORENZO. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR SU ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGISLATIVA Y JUDICIAL. Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, octubre de 2005, Pág. 156 y ss.

[11] Fojas 117. Pedido de informes del Sr. Representante Nacional Jaime Mario TROBO por solicitud de extradición del ciudadano boliviano – uruguayo Doctor Alejandro MELGAR PEREIRA.

Fojas 123. Pedido de informes del Sr. Representante Nacional Jaime Mario TROBO en relación con la detención del ciudadano boliviano – uruguayo Doctor Alejandro MELGAR PEREIRA.

Fojas 419 a 433 Pedido de informes de la Cámara de Representantes y respuesta del Ministerio del Interior.

Fojas 27 publicación efectuada en Correo de los Viernes.

Fojas 320 a 333 publicaciones realizadas en el diario EL PAÍS.

Fojas 341 – 346 publicaciones realizadas en EL OBSERVADOR.

Fojas 379 a 385 y 411 a 416 vto.  Diario de Sesiones de la Comisión Permanente, 5) Ciudadano de origen uruguayo – boliviano detenido en la Jefatura de Policía de Montevideo por solicitud de extradición ilegal del Estado Plurinacional de Bolivia. 1223

Los pedidos de informes realizados por el Sr. Representante Nacional Jaime TROBO no fueron respondidos.

[12] SANGUINETTI, Julio María. “Persecución Política” Correo de los Viernes, se agrega copia impresa. Original en http://www.correodelosviernes.com.uy/Persecucion-politica.asp

… Se le detuvo por Interpol, pese a que no mediaba ningún requerimiento internacional, y se comenzó un trámite de extradición que ha padecido en la cárcel. …

[13] TROBO, Jaime. Diario de Sesiones de la Comisión Permanente, Nº 39, Tomo 23, del 1 de octubre de 2014.

[14] Que cumplió en una cárcel común, junto a procesados y penados, sometidos a su misma disciplina y tratado como reo.

[15] su condición de ciudadano uruguayo le impidió acceder al “ asilo” o “refugio” en tanto dichos institutos de protección no se otorgan a los nacionales del país de residencia.

[16] El juez natural era el Dr. LUIS TAPIA PACHI, Juez de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz de la Sierra, quien promovió la contienda de competencia que luego le fue negada por el Decreto Supremo que adjudico la misma a un tribunal de excepción, un tribunal ad hoc, con sede en La Paz.

En efecto, el día 12 de mayo de 2010, el Ministerio Público de Bolivia emitió una resolución de imputación contra el Juez Tapia a quien acusó de los delitos de prevaricato, desobediencia a procedimientos penales y resoluciones contrarias a las leyes.

La imputación se emitió luego de que declaró competente para conocer el caso de terrorismo que se sustanciaba ante su sede

El hecho derivó en un conflicto de competencias que fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia con sede en Sucre y la Corte Superior de Santa Cruz, que es la máxima instancia del Distrito Judicial, quien confirmó la jurisdicción cruceña por elementales criterios de territorio y materia, lo que fue modificado por un Decreto Supremo del Presidente Evo Morales.

A raíz de la persecución política de que fue objeto, en julio del 2010, el juez Tapia debió abandonar Bolivia para solicitar “refugio político” en Brasil donde vive hasta el día de hoy.

[24] no se advierte la razón del apuro en perjuicio del requerido ya que estaba preso en la cárcel.

Responsabilidad del Estado por prisión indebida con fines de extradición