La prescripción de los delitos está regulada en el Código Penal. Se trata de un instituto de orden público, por ello la determinación de los plazos de consumación, las causales de interrupción y suspensión son de reserva legal.

Si bien para cualquier persona la prescripción comienza a correr desde la fecha de comisión del delito o desde que cesa la continuidad, con los policías y militares no ocurre lo mismo.

Entiendo que el criterio establecido en el Código Penal es el único que corresponde aplicar porque así lo mandan la Constitución y la Ley y además, porque durante la dictadura cívico militar se presentaron denuncias por estos delitos que fueron tramitadas de acuerdo a derecho y sin cortapisa alguna.

Tanto jueces como fiscales instruyeron los expedientes y dispusieron la citación de los militares por medio de la policía.

A raíz de ello, se planteó una contienda de competencia entre la justicia militar y la ordinaria que fue resuelta a favor de la primera, lo que permitió continuar el trámite de los expedientes.

La prueba más evidente de que ello ocurrió así, es la aprobación de la llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado 15.848 en razón de los hechos políticos que la precedieron y del avance del trámite de los expedientes judiciales promovidos contra militares en actividad que debían presentarse ante la justicia.

Esta ley es la única en la historia de nuestra República que superó con éxito tres intentos de anulación: el Referéndum del 16 de abril de 1989; el Plebiscito del 25 de octubre de 2009; y el malogrado proyecto de anulación que tuvo como costo político la renuncia Eleuterio FERNÁNDEZ HUIDOBRO y el desacato a la disciplina partidaria de Víctor SEMPRONI ROBAINA.

Más de dos décadas después de la entrada en vigor de la Ley de Caducidad, con el mismo apuro, pero con finalidad opuesta, se aprobó la Ley 18.831, promulgada el 27 de octubre de 2011, con la finalidad de sortear el termino de prescripción extendido por la jurisprudencia hasta el 1º de noviembre de 2011 para los casos de homicidio.

Como veremos a continuación, a medida que transcurría el tiempo, parte de la jurisprudencia fue cambiando la fecha de inicio del cómputo de la prescripción, a la vez que creó una causal de suspensión no prevista por la ley penal.

La prescripción entonces se contaba:

  1. desde el 1º de marzo de 1985, fecha en la que se produjo el retorno de la democracia, lo que es incorrecto porque el plazo comienza en el momento de la consumación del delito o desde que cesa la continuidad.
  2. se suspendió el cómputo del plazo de prescripción durante la vigencia de la Ley de Caducidad por aplicación de un principio del derecho procesal civil “al impedido por justa causa no le corre término”.

Este criterio, sostiene erróneamente que durante la vigencia de la Ley de Caducidad los fiscales no podían ejercer su función lo que es falso ya que jueces y fiscales actuaron con total libertad e independencia técnica.

Por otra parte, en materia penal no puede recurrirse a la analogía y menos en perjuicio del indagado porque ello implica violar groseramente el “Principio de Legalidad.”

En ese período, tanto los denunciados como los ficales podían pedir la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad y de hecho lo hicieron varios, lo que fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución y las Leyes.

Por otra parte, no hubo ningún impedido con justa causa o una forma de suspensión de la prescripción que determinara que el plazo dejara de correr durante el tiempo de vigencia de la Ley de Caducidad sino actos discrecionales del Poder Ejecutivo efectuados al amparo de una Ley vigente. Tanto es así, que la revocación genérica que dispuso el Presidente MUJICA en el año 2011 (de todas las resoluciones que incluían asuntos en la Ley 15.848), bien pudo ocurrir mucho antes en su mandato o, incluso, en el del Presidente Tabaré VÁZQUEZ si así lo hubieran entendido, pero sin embargo tal cosa no aconteció, en tanto se excluyeron solamente casos específicos.

Además, nada impedía a los denunciantes promover la acción civil para reclamar los daños y perjuicios sufridos.

De esa forma podían demandar al Estado, a los funcionarios públicos civiles, militares y policías; citar a testigos, hacer inspecciones oculares, intimar la entrega de documentos, realizar careos o solicitar medidas para averiguar la verdad y obtener la condena del Estado y de los funcionarios codemandados, pero en algún caso prefirieron transar antes de diligenciar la prueba.

  1. desde el 19 de octubre de 2009, fecha de la Sentencia SABALZAGARAY, en la que se reunió la “voluntad concordante” del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial de la época.
  2. desde el 27 de octubre de 2011, fecha de entrada en vigencia del artículo 1º de la Ley 18.831.

El artículo citado dispone que “Se restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1° de marzo de 1985, comprendidos en el artículo 1° de la Ley 15.848, de 22 de diciembre de 1986.” por lo que el Poder Legislativo hizo ganar el voto verde 20 años después, por lo que recibió duras críticas.

Los restantes artículos de la ley – que fueron declarados inconstitucionales – son aún más insólitos porque declaran que el tiempo no transcurrió (lo que viola las leyes de la física) y que los delitos comprendidos en la ley de caducidad son crímenes de lesa humanidad, lo que viola el principio de legalidad ya que, por vía de declaración se aplican normas penales en forma retroactiva en perjuicio de los indagados.

Al declarar que tampoco corrió plazo alguno de caducidad permitió reflotar expedientes archivados y presentar nuevas denuncias, provocando así la situación en la que hoy nos encontramos.

Finalmente, dos consideraciones.

Desde el 25 de octubre de 2017, estos delitos son perseguidos por una Fiscalía Letrada Nacional Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, creada exclusivamente para acusar a los civiles, militares y policías por los presuntos delitos cometidos en el período establecido en la Ley 18.596.

Dicha norma dispone:

            “Art.1. Reconócese el quebrantamiento del Estado de Derecho que impidiera el ejercicio de derechos fundamentales a las personas, en violación a los Derechos Humanos o a las normas del Derecho Internacional Humanitario, en el período comprendido desde el 27 de junio de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985.

            Art. 2. Se reconoce la responsabilidad del Estado uruguayo en la realización de prácticas sistemáticas de tortura, desaparición forzada y prisión sin intervención del Poder Judicial, homicidios, aniquilación de personas en su integridad psicofísica, exilio político o destierro de la vida social, en el período comprendido desde el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973, marcado por la aplicación sistemática de las Medidas Prontas de Seguridad e inspirado en el marco ideológico de la Doctrina de la Seguridad Nacional.”

El único fiscal conocerá en todas las causas penales referidas a las violaciones de los Derechos Humanos ocurridas en el período referido en la Ley 18.596 que estaban en trámite o que se iniciaran en el futuro en todo el territorio Nacional.

Pero esto no es todo, porque los militares y policías son procesados con prisión preventiva en tanto su enjuiciamiento provoca “alarma social” – a pesar de que pasaron más de 40 años de ocurridos los hechos – o les aplican la teoría del Buñuelo por la cual los recursos de inconstitucionalidad se tramitan una vez decretada la prisión preventiva de los imputados.

Hay más para escribir, pero con lo ya dicho alcanza para comprender que los presuntos delitos están prescriptos y que en este caso como en otros, lo político está por encima de lo jurídico.

Carlos BUSTAMANTE BARRIOS

Actualizado 24 de julio 2021.