Según informa el diario El País, desde su asunción el gobierno de Yamandú Orsi ha mostrado una fuerte determinación en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, señalando que el Estado ha tenido deficiencias notorias en esta materia.
Según las nuevas autoridades, la administración anterior no priorizó el combate contra el lavado, existiendo una baja cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y una percepción generalizada de bajo riesgo en varios sectores obligados a controlar estas operaciones.
La Estrategia Nacional contra el lavado de activos, elaborada en 2023 y 2024 con base en una evaluación de riesgos de 2022, está siendo revisada por el nuevo gobierno.
Aunque considerada “válida” en su concepción general, se están introduciendo ajustes que se espera aprobar próximamente. Estos cambios incluyen: reducir los umbrales de uso de efectivo, eliminar la debida diligencia simplificada (que implica controles menores en ciertos casos), mejorar la supervisión y fortalecer el rol de los “sujetos obligados” a controlar y reportar actividades sospechosas.
También se busca extender la cobertura geográfica del control, con especial atención al interior del país.
Entre los sectores que se pretende vigilar más de cerca se encuentran las sociedades por acciones simplificadas (SAS) Ley 19.820, las automotoras de alta gama (de las que hay unas 1.400 en el país), el comercio exterior (trading), y organizaciones sin fines de lucro. Todas estas áreas se consideran potencialmente vulnerables al lavado de dinero.
Estas medidas fueron discutidas en el evento “Perspectivas de la prevención de lavado de activos en Uruguay”, organizado por la World Compliance Association. Participaron autoridades de la Secretaría Nacional Antilavado (Senaclaft), abogados, contadores y escribanos. Durante el conversatorio, varios expositores criticaron duramente a la administración anterior y advirtieron sobre el riesgo de que Uruguay sea incluido en listas negras internacionales si no se fortalece el sistema de control.
Sandra Libonatti, titular de la Senaclaft, reconoció que el sistema actual no es efectivo y que el nivel de reportes es muy bajo, señalando que la principal responsabilidad recae en el Estado. Planteó como meta una mejor coordinación entre actores públicos y privados, una capacitación más profunda, y una revisión de procedimientos ante la próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2030.
Libonatti también destacó la falta de institucionalidad de la propia Senaclaft, cuyo personal rota con cada cambio de gobierno y no cuenta con una estructura permanente ni con presupuesto suficiente. En este sentido, propone dotarla de estabilidad y recursos, algo que contribuiría a consolidar el sistema.
Otro punto abordado fue la reticencia de muchos profesionales —especialmente contadores y escribanos— a asumir plenamente su rol de «sujetos obligados». Muchos de ellos sienten que se les ha transferido una responsabilidad que consideran propia de autoridades judiciales o policiales, lo que no solo implica una carga burocrática, sino también un riesgo profesional y económico.
Lydia López, de la Asociación de Escribanos, mencionó que los controles se viven como una imposición, mientras que Cristina Freire, presidenta del Colegio de Contadores, expresó que a veces sienten que se los quiere convertir en “detectores de delitos”. Además, las exigencias deterioran el vínculo con sus clientes.
En ese marco, se discutió también sobre la necesidad de compartir más información entre organismos públicos y privados para lograr un sistema más integrado, aunque se aclaró que no hay intención de modificar el secreto bancario ni el tributario. Sin embargo, algunos expertos como Leonardo Costa, opinan que ciertos secretos fiscales han perdido sentido y deberían eliminarse para mejorar la transparencia.
Daniel Espinosa asesor de Senaclaft, fue particularmente crítico con la anterior administración. Sostuvo que se retrocedió en controles y que faltó voluntad política para enfrentar el lavado. Criticó también la Ley de Urgente Consideración (LUC) por introducir figuras como la “debida diligencia simplificada”, que flexibilizó los controles.
Otros participantes recordaron escándalos recientes, como el caso de Conexión Ganadera, con el propósito de ejemplificar la ineficacia estatal. Ricardo Gil Iribarne subrayó que los delitos de lavado están profundamente entrelazados con la criminalidad violenta y organizada. En esa línea afirmó que: “no hay delitos de cuello blanco, son todos delitos de sangre”, citando a autoridades estadounidenses.
Por otro lado, se resaltó que los ROS han disminuido en comparación con 2019 y que ninguno ha llegado a la Justicia, lo que evidencia una fuerte sensación de impunidad. Alejandro Montesdeoca y otros especialistas destacaron que, dada la creciente complejidad de las economías ilícitas, es necesario actualizar las herramientas tecnológicas y de supervisión, así como superar la inercia burocrática del Estado.
Finalmente, los expositores coincidieron en la necesidad de ofrecer guías más claras a los profesionales obligados a reportar, para que entiendan el propósito y la importancia de su rol. Costa también advirtió que aumentar el número de sujetos obligados sin darles recursos adecuados puede ser contraproducente. Además, señaló que la ley debería considerar el volumen de dinero involucrado como un factor clave de riesgo.
A modo conclusión: los expertos remarcaron que Uruguay necesita un sistema más ágil, profesional y estructurado si quiere enfrentar con éxito el lavado de activos y evitar quedar rezagado frente a los estándares internacionales.
Muy claro y sin ambigüedades.