Prisión preventiva

Prisión preventiva

Los fiscales fundamentan los pedidos de prisión preventiva señalando el poder acquisito del imputado, que le permitiría viajar o  porque tiene medios para contratar costosos abogados, peritos privados o consultas con encumbrados juristas.

Increible pero cierto en el país del CPP (que de código sólo tiene el nombre), de los fiscales especializados con competencia en el pasado, y la dejo por acá aunque el tema da para mucho más

Comparto con los lectores la carta enviada por l

a Asociación de Abogados Penalistas del Uruuguay al Fiscal General Juan Góme

Montevideo, 12 de octubre de 2022.

Señor Fiscal de Corte

Dr. Juan Bautista Gómez
De nuestra mayor consideración:
Por medio de la presente venimos a denunciar una situación que se está dando en la práctica por algunos Fiscales que atentan gravemente contra el ejercicio de la defensa privada y que consideramos que deben ser corregidos por la Institución que Ud. dirige.
Han llegado a la Asociación varias denuncias de abogados que han visto como Fiscales fundamentan solicitudes de prisión preventiva en el supuesto “poder adquisitivo” del imputado que le permitiría trasladarse a otro Estado y vivir en él evadiéndose de la sujeción procesal.
El supuesto “poder adquisitivo” lo fundamentan, por ejemplo, en la “disponibilidad económica suficiente para costear la prestigios co defensa” o “contar con líquido para pagar un perito privado” o pagar “la consulta de un encumbrado docente procesalista”, entre otros.
Vale decir que hay un ataque directo al ejercicio de la profesión de los abogados o de los peritos de las distintas profesiones ya que para varios representantes del Ministerio Público si se los contrata ello sirve de base para pedir prisiones preventivas, generando en los imputados la clara idea que por ser defendido por un abogado particular y ejercer la mejor defensa posible contratando consultas y pericias, está en peor posición que si lo defendiera un Defensor de Oficio o si no ejerciera la mejor defensa técnica y profesional posible.
Penalizar a los imputados con la amenaza de prisión preventiva por la contratación de abogados particulares, consultantes o peritos (e incluso depositar dinero como caución para solicitar autorizaciones para salir del país) constituye un comportamiento inadmisible que atenta contra claros principios constitucionales y legales elementales en todo Estado de Derecho democrático. Específicamente el artículo 64 del Código del Proceso Penal consagra el derecho del imputado de “designar libremente defensor de su confianza desde la primera actuación del Ministerio Público y hasta la completa ejecución de la sentencia que se dicte”; solamente “Si no lo tuviera, será asistido por un defensor público en la forma que establece la ley”. Ello significa que los pedidos de prisión preventiva por parte de los fiscales basados en la contratación de un abogado particular amenaza directamente ese derecho de “designar libremente defensor de su confianza”. De igual manera respecto del ejercicio de otros derechos para su defensa como es contratar consultantes o peritos privados lo cual, a juicio de algunos Fiscales,
tiene que tener consecuencias desfavorables para el imputado y justifican que se les aplique prisión preventiva por defenderse. Por consecuencia, entendemos que los comportamientos de esos fiscales atentatorios de derechos esenciales de los imputados y, en lo que a nuestra agremiación de abogados refiere, la amenaza de consecuencias perjudiciales a los justiciables por contratar defensores particulares debe cesar, solicitando al Señor Fiscal General que investigue estas situaciones y dicte las recomendaciones, medidas correctivas o instrucciones que correspondan. Ello no solamente afecta gravemente los derechos de los imputados sino también el legítimo derecho al ejercicio de su profesión sin amenazas o restricciones de los abogados y peritos de todas las profesiones.

Sin otro particular le saludan con su más alta consideración, por Comisión Directiva de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay:

Presidente: Juan Fagundez       Secretaria: Laura Robatto

Eduardo Sasson          Gumez Pérez                               Enrique Moller

Ricardo Carbone        Jorge Pereira Schurmann        Homero Guerrero

Jorge Barrera             Marcos Pachecho                       Alejandro Balbi

Ignacio Durán           Sara Durán                                   Paula Gutierrez

Martín Frustaci        Nicolás Pereyra                            Daiana Abracinskas

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