Justicia condenó al Estado por la estafa de República Ganadera: así fue el fallo contra el MGAP y el BCU
Uruguay conoció en las últimas semanas una noticia judicial que marca un antes y un después en la crisis de los fondos ganaderos.
La Justicia condenó al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y al Banco Central del Uruguay (BCU) a indemnizar a un grupo de inversores de República Ganadera S.R.L.
Es la primera sentencia de fondo que responsabiliza patrimonialmente al Estado uruguayo por los controles que no ejerció durante el auge y la caída de las empresas de “capitalización ganadera”. Estas empresas dejaron miles de damnificados y pérdidas millonarias.
¿Qué resolvió la Justicia?
El 30 de julio de 2026, el juez en lo Contencioso Administrativo de 2.º Turno, Alejandro Martínez de las Heras, falló a favor de cuatro inversores de República Ganadera que habían demandado al Estado por daños y perjuicios.
Los actores reclamaban unos 269.000 dólares más intereses y un 20% adicional por “pérdida de chance”. Sin embargo, el juez optó por un criterio más estricto: reconoció únicamente el monto efectivamente invertido y acreditado con facturas. Por lo tanto, fijó una indemnización de 25.000 dólares para cada uno de los cuatro damnificados, unos 100.000 dólares en total. Ese dinero deberá descontarse de lo que estos inversores logren cobrar en el concurso de acreedores de República Ganadera. Así se evita que cobren dos veces por el mismo perjuicio.
El fundamento central de la decisión es un concepto jurídico conocido como “falta de servicio” por omisión, previsto en el artículo 24 de la Constitución. Según el criterio del juez, cuando un organismo estatal tiene el deber legal de controlar una actividad y no lo hace pese a existir señales claras de irregularidad, el Estado puede ser responsable civil por los daños que esa omisión permite que se produzcan.
Por qué el MGAP fue considerado responsable
República Ganadera ofrecía a sus inversores una renta fija a cambio de la “administración” de ganado que, según la empresa, les pertenecía.
El sistema que debía garantizar que ese ganado existiera y estuviera registrado a nombre de cada inversor es el Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG). Este sistema está a cargo del MGAP por mandato de la Ley 17.997.
Para el juez, el ministerio no ejerció ese control: no se acreditó que hubiera fiscalizado la operativa de la empresa, pese a tener facultades legales para hacerlo.
Además, la sentencia es contundente en este punto: al no garantizar la veracidad de un registro que el propio Estado creó y publicitó como fuente de certeza jurídica, el fallo expresa que:“el MGAP defraudó la confianza legítima” de quienes basaron sus decisiones de inversión en esa información.
Por qué el BCU también fue condenado
La responsabilidad del Banco Central tiene otro origen. La Superintendencia de Servicios Financieros investigó a República Ganadera desde 2018 y concluyó que la empresa captaba ahorro público de manera habitual y profesional, sin la autorización que exige la actividad financiera. Pero su respuesta se limitó a ordenarle, en 2022, que dejara de hacer publicidad dirigida al público en general.
El juez consideró que esa medida fue insuficiente: el BCU tenía la potestad de suspender la actividad, sancionar a la empresa o denunciarla penalmente, y no lo hizo. Así, como la captación de fondos siguió produciéndose en los hechos, la pasividad del regulador permitió que la empresa mantuviera una apariencia de legalidad frente a nuevos inversores.
El fallo determinó que ambos organismos son responsables solidarios: cada uno respondió por su propia omisión, pero las dos fallas actuaron en conjunto como causa del daño total sufrido por los inversores.
Una crisis que superó los cientos de millones de dólares
República Ganadera es una, de al menos tres empresas de capitalización ganadera, que colapsaron en Uruguay entre 2024 y 2026, junto con Grupo Larrarte y Conexión Ganadera. Esta última fue señalada por analistas como la mayor estafa de la historia del país. Presenta un rojo patrimonial de unos 272 millones de dólares confirmado judicialmente.
Por su parte, República Ganadera llegó a tener alrededor de 1.450 inversores y un pasivo reconocido cercano a los 90 millones de dólares. Además, tenía activos verificados muy inferiores. Por esa razón, la Justicia ya dispuso su liquidación.
¿Puede haber más demandas?
Aunque se trata de un fallo de primera instancia – tanto el MGAP como el BCU pueden apelarlo, por lo que todavía no está firme -. En el ambiente jurídico se lo interpreta como un precedente que puede abrir la puerta a reclamos de mucha mayor escala.
El abogado Camilo Silvera, en entrevista con «La Diaria» y que representa a cerca de 350 damnificados de las tres empresas caídas, dijo que viene sosteniendo desde 2025 que el Estado es responsable por no controlar la trazabilidad del ganado. Agregó que por eso, prepara una demanda civil contra el MGAP por unos 1.000 millones de dólares. Consultado sobre esta sentencia, el propio Silvera pidió cautela: es un antecedente importante, pero recién será determinante cuando exista un pronunciamiento firme en instancias superiores.
La respuesta política: un proyecto para regular los fondos ganaderos
En paralelo a los procesos judiciales, el caso también tuvo repercusión política. Legislado-res de la Comisión de Hacienda del Senado recibieron a representantes de inversores y pidieron investigaciones internas en el MGAP, el BCU, la DGI y la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavadode Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT).
Por su parte, el propio BCU elevó al Ministerio de Economía y Finanzas un anteproyecto de ley para ampliar su capacidad de regulación sobre entidades que capten ahorro público ofreciendo rendimientos atractivos, aunque no emitan valores en sentido estricto. El objetivo declarado es que hechos como este no vuelvan a repetirse.
Qué sigue ahora
La sentencia contra el MGAP y el BCU todavía puede ser apelada, y su confirmación en instancias superiores será clave para saber si este criterio de responsabilidad estatal se con-solida como doctrina judicial.
Mientras tanto, para los miles de damnificados de los fondos ganaderos uruguayos, el fallo representa la primera señal concreta de que la Justicia está dispuesta a analizar, caso por caso, si el Estado cumplió con su deber de control.
Si usted invirtió en alguno de estos fondos ganaderos y quiere entender qué opciones legales tiene frente al Estado o frente al concurso de acreedores correspondiente, en Estudio Bustamante le podemos asesorar.
Nota
Puede consultar nuestro artículo Reunión con el Fiscal Rodríguez por el caso Conexión Ganadera
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