Publicado: Agosto 27, 2010
PABLO MELÉNDREZ
Costo. US$ 26 millones por año para regularizar situación
Para regularizar el sistema de liquidación de sueldos de los policías, el Ministerio del Interior deberá incrementar su presupuesto en US$ 26 millones por año. Unos 1.500 efectivos iniciarán demandas laborales la semana próxima.
Un informe contable entregado en diciembre de 2009 al entonces ministro Jorge Bruni, reconoce que el Ministerio del Interior está calculando de forma incorrecta las liquidaciones salariales de los policías, a causa de la aplicación de un modelo de cálculo elaborado por la Contaduría General de la Nación (CGN).
Esas dificultades en las liquidaciones han sido denunciadas por los sindicatos policiales en los últimos meses. Incluso, varios gremios resolvieron impulsar la presentación de demandas laborales para recuperar el dinero que les fue mal liquidado en sus haberes.
Ante el planteo de una de las gremiales, el año pasado el entonces ministro Bruni solicitó la realización de un informe para determinar si existió o no un error en el cálculo de los salarios de los efectivos.
Así, en un documento entregado a Bruni el 7 de diciembre de 2009, la gerente financiero del Ministerio del Interior, Ileana Mariño, señaló que los errores registrados en las liquidaciones “determina al tiempo actual una diferencia anual que asciende aproximadamente a $ 512 millones, distribuido entre la totalidad de cargos ocupados y vacantes”. Ese monto equivale a unos US$ 26 millones.
El informe contable, al que tuvo acceso El País, indica que los rubros salariales que son reclamados por los policías no fueron incluidos en las liquidaciones, ya que se trató de compensaciones que fueron creadas en diversas normas y leyes posteriores al diseño del mecanismo de cálculo para la liquidación de los salarios.
“El argumento o criterio manifestado por la CGN siempre fue el mismo: eran objetos creados posteriormente” al sistema de liquidación de haberes, explica el informe que Mariño entregó a Bruni.
La diferencia por la liquidación de sueldos ha sido en los últimos meses uno de los puntos de mayor conflicto entre el Ministerio del Interior y los gremios policiales, que han realizado varias movilizaciones en protesta por esta situación.
PARTIDAS. Los efectivos policiales han señalado que desde 1992 están siendo perjudicados por la existencia de diferencias salariales e incorrecta liquidación del montepío, el gravamen que se destina a la jubilación de los funcionarios.
Eso ha motivado la presentación de reclamos de parte de policías de varios departamentos, que se están tramitando en juzgados de todo el país. La próxima semana, otra tanda de unos 1.500 policías iniciarán otros juicios (ver nota aparte).
Los demandantes exigen el pago de las mejoras y beneficios otorgados por varios artículos de la ley 16.332 que otorgó primas equivalentes al 5% de los sueldos sujetas a Montepío para aquellos funcionarios con más de 15 años de servicio.
También afirman que no les fueron abonadas primas de 10% para los agentes de más 25 años de antigüedad y un 13% para los policías con 30 años de servicio cumplidos.
Además, los efectivos sostienen que el Estado incumplió con la ley 16.320 que otorga a los policías beneficios gravados por montepío por el hecho de que un agente está a las órdenes las 24 horas del día. Por otro lado, consideran que las normas 16.713 (que incrementa la tasa de aporte personal de policías) y 16.911 (que se refiere al pago de montepío), les otorga mejoras salariales que no se ha aplicado debidamente.
El diciembre de 2009, al ser consultado sobre esos planteos, el entonces ministro Bruni dijo que hasta ese momento no había llegado ningún reclamo concreto a la secretaría de Estado. “Si creen (los agentes) que están asistidos de razón, la Justicia está al alcance de todos”, afirmó el entonces ministro.
Nuevos juicios de 1.500 policías
La semana próxima, unos 1.500 efectivos policiales de Rivera, Tacuarembó, Treintas y Tres, Florida, Rocha, Soriano, Colonia y Montevideo presentarán juicios laborales en juzgados civiles de esos departamentos contra el Ministerio del Interior en reclamo de la regularización del sistema de liquidación de sus sueldos.
Los reclamos serán patrocinados por los abogados Carlos Bustamante, Luis Compañ, Gerardo Domínguez y José Harriague, quienes sostienen que las liquidaciones salariales de sus clientes se efectúan desde 1992 “en base a instructivos de la Contaduría General de la Nación, de forma tal que el funcionario policial recibe una cantidad menor a la que por derecho le corresponde”.
Por eso, los abogados pedirán que se condene al Ministerio del Interior a pagar las diferencias salariales registradas en cada caso entre el 1° de febrero de 2006 y el 1° de febrero de 2010, ya que la legislación vigente solo permite realizar reclamos contra dependencias estatales por los últimos cuatro años de incumplimiento.
Asimismo, en la demanda se solicita que la Justicia condene a la secretaría de Estado a adecuar en forma inmediata el sistema de liquidación de los salarios de los efectivos policiales reclamantes.
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